Con relación a la evaluación de docentes y directivos docentes es importante reconocer el esfuerzo del gobierno nacional por establecer claramente los momentos, conceptos y criterios que regulan dicha evaluación. Como aspectos positivos cabe resaltar que el concurso de méritos en el cual se evalúan las competencias profesionales constituye una evidencia de la transformación en la dinámica de los nombramientos, ya que en muchos municipios éstos estaban determinados por afinidades políticas, es decir, la burocracia estaba por encima de los fundamentos pedagógicos que deberían primar en el proceso.
En este sentido, el cambio fundamental es la claridad del proceso que establece el decreto 1278, pero es necesario hacer una reflexión más profunda que contribuya a la cualificación humana del docente; es decir una reflexión etiológica, del ser del maestro. Es indudable que beneficios como el ascenso en el escalafón y una mejor remuneración son aspectos claves que pueden determinar la calidad de vida del docente, pero si lo que se busca es impactar en la transformación del sentido de la educación de un país como Colombia, enmarcado en una realidad de violencia, entonces, es necesario replantear la importancia del saber del docente, no como sujeto de conocimiento sino ante todo como persona.
Al respecto, Yolima Sánchez plantea que “la evaluación docente no puede ser aplicada sin desarrollar un marco que dé cuenta de cómo entendemos la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje; de cómo visualizamos nuestro país; de cómo apreciamos la crisis de la actual sociedad y de las relaciones de poder establecidos; pues de todo esto dependerá cómo entendamos el proceso de evaluación docente, qué instrumento usaré, qué modelos utilizaré y sobre todo para qué realizo todo este proceso evaluativo.
Resulta interesante analizar la posición de los actores frente al tema de la Evaluación del Desempeño Docente que se ha debatido por largo tiempo. En primer lugar es necesario determinar la posición del Ministerio de Educación Nacional en cabeza del Ministro o Ministra de Educación que se encuentre en turno, en segundo lugar la posición de los maestros que ingresan al escalafón como licenciados con un sueldo de $1’200.000 y en tercer lugar la de la comunidad académica que intenta llevar el debate al rigor del plano disciplinar.
Con respecto a la postura del Ministerio de Educación, es claro que las políticas que reglamentan el proceso de Evaluación de Desempeño docente con fines de ascenso en el escalafón, y en general las remuneraciones del Magisterio deben tener en cuenta “la disponibilidad de recursos”. Al menos esta es la postura que plantea la ministra en el debate que se llevó a cabo en la Comisión 6 (Agosto 31 de 2010), en la cual se percibe la intención de disminuir el riesgo económico antes que pronunciarse a favor de la evidente inequidad entre las condiciones laborales para los maestros en relación con otros profesionales. Es necesario señalar esta cuestión en tanto, el ingreso y asenso al escalafón está determinado por los resultados del proceso de evaluación docente.
Ahora bien, los fundamentos legales de la evaluación de docentes y directivos docentes como Política Educativa se remiten a la Constitución Política de Colombia, la cual establece que la educación es un derecho fundamental y rotula que corresponde al Estado velar por la calidad de la misma, así como por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
Esta política educativa señala, que de la cobertura y calidad de la educación dependen las posibilidades que tiene un país de competir en el concierto de las naciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, Colombia está lejos de abarcar a la totalidad de los niños y jóvenes con una educación básica de calidad. Los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad de nuestro sistema educativo señalan que los avances han sido lentos e insuficientes, por tanto es de gran importancia tener en cuenta los aspectos relevantes de la estrategia basada en la calidad educativa y política de mejoramiento de la calidad.
La Constitución Política enuncia que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 de la Carta Política, la educación es un derecho, una obligación y un servicio público que tiene una función social, siendo responsables de ella el Estado, la sociedad y la familia, correspondiéndole al primero regular y ejercer la suprema inspección de la misma, con el objeto de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes.
Se apunta en el artículo 68 que “la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica”. En desarrollo de este mandato, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) dispone en sus artículos 80 y 82 que la evaluación de docentes y directivos docentes hace parte de un sistema de evaluación de la calidad educativa.
El Estatuto de Profesionalización Docente, expedido mediante el Decreto Ley 1278 de 2002, establece en los Arts. 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) todo el aspecto relacionado con las evaluaciones de docentes y directivos docentes. En primer lugar, el ingreso al servicio educativo estatal solamente es posible mediante un concurso de méritos, en el que se evalúan aptitudes, competencias, condiciones de personalidad, relaciones interpersonales y experiencia de los aspirantes para desempeñarse como educadores en el sector público.
El esfuerzo para organizar la evaluación docente se refleja en la caracterización de dos tipos de competencias: COMPETENCIAS FUNCIONALES corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo de docente o directivo docente, definidas en la ley y los reglamentos. La evaluación anual de desempeño laboral de los directivos docentes valora sus competencias funcionales en cuatro (4) áreas de la gestión institucional, mientras que la evaluación anual de desempeño laboral de los docentes valora sus competencias funcionales en tres (3) áreas de la gestión institucional.
También están las COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES que se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los educadores cumplen sus funciones. Son comunes a docentes y directivos docentes.
Con respecto a la utilidad de dicha medición más allá del asenso en el escalafón, se espera que la evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes suministre elementos metodológicos necesarios para la planeación y desarrollo del proceso educativo que ayuden a que docentes y directivos docentes a que sean cada día mejores profesionales, más conscientes de los efectos de su trabajo sobre la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. Sin embargo, este aspecto no siempre se logra porque los maestros evidencian una relación directa entre la evaluación docente y el asenso en el escalafón, pero no es frecuente que se refieran a este proceso como clave para su mejoramiento profesional.
Además, se busca que la evaluación de docentes apoye el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, constituyéndose en una herramienta de seguimiento del proceso educativo y sus resultados, en relación con las metas y los objetivos de calidad que se formulan las instituciones educativas, las regiones y el país. Esto es totalmente válido pero se corre el riesgo de quedarse en un uso instrumental de la evaluación y no en parte fundamental del proceso.
Lo ideal sería que la evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes contribuyera al mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su propio desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e identificando sus necesidades de aprendizaje, capacitación y desarrollo de competencias para la docencia y la dirección educativa, entendiendo que debe ser un proceso permanente, es decir se debe llevar a cabo durante la totalidad del año escolar.
De los anteriores planteamientos cabe deducir por que para muchos actores del proceso educativo, la medida tomada por el estado respecto a evaluar los docentes y directivos docentes, ha convertido la evaluación en principio y fin de todas las cosas, uno de cuyos ejes ideológicos es hacer descargar en los educadores el peso de (“baja / mala”) calidad de la educación.
De hecho la evaluación de desempeño es una estrategia de control que actúa sobre los contenidos de la enseñanza y el ejercicio de la profesión docente que se apoya en un sistema educativo que no es de política publica como se quiere hacer notar, si no de políticas del gobierno de turno. Este último punto lejos de ser un escollo para el proceso, debe conducir a una reflexión muy profunda acerca de la importancia del acto educativo y del rol del educador.
Leia Mais…
